Fiarse del Estado

La condición principal para reconocer la legitimidad del papel del Estado y de sus instituciones, es decir, para someterse al ejercicio de su violencia legítima, es que se pueda confiar en él. Uno respeta a lapolicía en la medida que actúa conforme alas normas establecidas y no según criterios arbitrarios. Uno acepta pagar los impuestos siempre que tenga la seguridad de que van a ser utilizados en beneficiodel interés general. Uno se resigna a estaren una lista de espera en el hospital, a recibir una plaza escolar en el centro que no ha escogido o a seguir una carrera universitaria en la segunda preferencia, siempre que tenga la convicción que se han cumplido estrictamente las reglas previstas en su reparto. Pero si la confianzase viene abajo, el Estado pierde su legitimidad y deviene el abuso y el caos. No se trata tanto de estar de acuerdo con las reglas impuestas por las instituciones del Estado, sino de fiarse de que, sean las que sean, van a ser cumplidas de manera estricta.

Pues bien: resulta que llevo años viendo cómo los representantes autorizados del Estado español –magistrados, representantes electos, miembros del Gobierno…– han insistido en que la condición fundamental para que la izquierda abertzale pudiera presentarse a una elecciones, para que pudiera ser legalizada según aquella ley de Partidos que fue pensada para dejarlos fuera de las instituciones, era que condenaran demanera explícita la violencia etarra. La exigencia no era poca cosa, ya que no había bastante con prometer buenas intenciones de futuro, sino que obligaba a la condena de un pasado poco o muy connivente con la organización armada. No voy a entrar ahora a juzgar políticamente la ley de Partidos.

Pero, aceptando las reglas de juego puestas por el propio Estado, lo cierto es que esta era la condición: la condena explícita de laviolencia de ETA. Al fin, el momento tan esperado ha llegado. ¿Y qué ha ocurrido cuando se ha dado el paso trascendental de condenar demanera directa y explícita no solo la lucha armada en general, sino la violencia de ETA en particular? Pues que si los tribunales no lo remedian, el Estado ha cambiadolas reglas de juego. Ahora resulta que lo importante no es tal condena, sino que los que quieran legalizar el nuevo partido dela izquierda abertzale, tan significativamente llamado Sortu, es decir salida, no representen la continuidad con la fuerza política anteriormente ilegalizada. Inevitablemente, parece que se confirma la sospecha que la ley de Partidos no buscabatanto ilegalizar los supuestos cómplices políticos del terrorismo vasco, sino interrvenir en el tablero electoral para sacar del gobierno al Partido Nacionalista Vasco.

Lo increíble del caso es que se menosprecie la condena de la violencia etarra de Sortu con el argumento de que son los mismos de antes. Increíble, porque es justo esta circunstancia lo que da el máximo valor a la condena. ¿Qué sentido habría tenido que la condena de las vías violentas la hiciera alguien que nunca hubiera tenido, por activa o por pasiva, alguna relación con el mundo etarra? Ninguno. La condena de la lucha armada solo tiene valor si llega, precisamente, de los que hasta ahora eran incapaces de manifestarla demanera solemne y pública. El proceso que ha llevado desde la antigua Batasuna hasta Sortu es de una magnitud enorme, y cualquiera que no se esconda en intereses perversos puede entenderlo. Si la condena de la violencia se consideró que era el punto de ruptura que dejaba a una organización fuera del orden democrático, era porque se reconocía la trascendencia política y simbólica que tenía para quienes les resultaba tan difícil pasar por ella. Que ahora se menoscabe aquello que era lo fundamental sitúa a los representantes del Estado fuera de toda razón y rompe los pilares de la confianza en su palabra.

Si cuando en España se dejó atrás el régimen autoritario de Franco para entrar en una transición democrática se hubiera procedido con la misma lógica, a ningún miembro del sistema político anterior se le hubiera podido reconocer la supuesta conversión a lademocracia. Los antiguos dirigentes de las organizaciones franquistas –incluida la monarquía– estuvieron al frente del proceso de cambio democrático con solo su palabra, y nunca se les exigió que abjurasen de sus compromisos políticos con el régimen anterior. Esto tuvo su precio, pero es un sentir general que facilitó e incluso aceleró la llegada de la democracia. Y si esta es una lógicaque fue válida para aquel proceso,¿por qué no debería serlo para acelerar el final del terrorismo en el País Vasco y para llevar al voto abertzale de nuevo a las urnas, es decir, a las reglas de juego democráticas?

Comprendo que las actuales declaraciones de los representanteslegítimos del Estado minusvalorando la condena de la violencia de Sortudeben entenderse no como palabras francas, sino como instrumentos al serviciode algún tipo de negociación secreta quese me escapa. Quiero pensar que el ministro Rubalcaba, por poner a quien mejordebe saber de qué va el asunto, conoce bien cuál es el valor de tal condena. Y quiero pensar que están en juego cuestionesque, una vez resueltas, podrán retornar la confianza en el Estado y en sus reglas. Esdecir, que con la condena explícita de laviolencia, Sortu podrá estar en las próximas elecciones.